PRINCIPIO PRO PERSONA

Contenido en el párrafo segundo del artículo 1° Constitucional: “las normas de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, el principio pro persona es una manera de interpretar las normas que componen el sistema jurídico mexicano.

PRINCIPIO PRO PERSONA

Los derechos humanos no son sólo derechos protegidos por el ordenamiento jurídico, sino que también constituyen el sustento y finalidad de toda la estructura estatal. Sin embargo, su ejercicio no es absoluto, puesto que puede ser regulado y restringido siempre y cuando la restricción sea justificada, legitimada, razonable y proporcional.

La interpretación de una norma jurídica obliga a desentrañar el significado o sentido del texto normativo. El principio pro persona obliga a realizar una interpretación extensiva de los derechos y una interpretación restrictiva para sus limitaciones. Así, al determinar el contenido de los derechos se deberá atender a una interpretación expansiva que los optimice, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia y la presunción de máximo goce, máximo ejercicio y máxima exigibilidad de los derechos. 

La contracara de la interpretación expansiva es la interpretación restrictiva de sus limitaciones que se da cuando la interpretación que se hace de una norma jurídica tiende a reducir su campo de aplicación. En este caso se debe determinar la validez de las normas que establezcan condiciones específicas de ejercicio o exigibilidad de los derechos bajo la presunción de máximo goce, máximo ejercicio y máxima exigibilidad de los derechos. Es decir, la validez de la norma dependerá de que la limitación que establezca al ejercicio o exigibilidad de los derechos no sea arbitraria o irracional.

Un ejemplo de interpretación restrictiva es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el cual puede ser limitado mediante regulación adecuada con el fin de proteger derechos de terceros, la seguridad nacional o el orden público, entre otros.

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